Michoacán no tiene instituciones débiles según estudio internacional
Autor: Redacción
Autor multimedia: Especial
Morelia, Mich.- Tras el periodo que llevó a Michoacán a un grave debilitamiento institucional, el cual se desbordó con el levantamiento de civiles armados entre los años 2013 y 2014, hoy la entidad puede presumir el haber superado esa etapa.
El más reciente estudio de la organización internacional World Justice Project (WJP), da cuenta de las entidades de la República Mexicana que presentan dificultades en la aplicación del Estado de derecho, entendida “como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible”.
En aquella época adversa Michoacán hubiese ocupado los primeros sitios en este informe de WJP, pero las condiciones actuales le permitieron lograr una evaluación aprobatoria y por ello, ya no figura entre las entidades con un debilitamiento o ausencia del Estado de derecho, dicho por un organismo no gubernamental de reconocimiento internacional.
WJP en su informe asegura que en México hay un Estado de derecho “débil generalizado”, producto de las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos.
El problema se acentúa en Guerrero, entidad más rezagada del país los rubros de orden y seguridad, contrapesos al gobierno estatal en turno, derechos humanos y justicia civil y penal. La evaluación general de Guerrero fue de 0.29, la más baja del país en los rubros de orden y seguridad (0.28); límites al poder gubernamental (0.28); ausencia de corrupción (0.28) y justicia civil 0.28) donde presenta los mayores rezagos institucionales.
En el informe siguen a Guerrero, Baja California (0.38), Estado de México (0.36), Sonora (0.36), Puebla (0.36), Quintana Roo (0.36), Morelos (0.37) y la Ciudad de México (0.37), como los peor calificados.
Las entidades mejor evaluadas son Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44), Zacatecas (0.44), Campeche (0.43). En el caso de Yucatán y Zacatecas, directivos de WJP lo atribuyen en buena medida a que fueron de los primeros en implementar la reforma al sistema de justicia penal, que han ido consolidando.
En el desglose que realiza WJP, los estados con mayores problemas de corrupción son Guerrero, Baja California Sur, Veracruz, Coahuila y Estado de México. Los más inseguros, según el mismo informe, son Guerrero, Estado de México, Morelos, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Tabasco, Colima y Baja California Sur.
De las autodefensas al fortalecimiento institucional
El 24 de febrero de 2013, civiles se levantaron en armas en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec ante el asedio del crimen organizado que había impuesto sus reales y permeado en diversos sectores durante, al menos, más de dos lustros.
El llamado movimiento de autodefensas, patrocinado principalmente en un inicio por ganaderos y productores agrícolas que padecían de secuestros, cobro de derecho de piso, extorsiones y asesinatos, se expandió rápidamente.
Para enero de 2014 los civiles armados habían tomado ya el control de la seguridad en 36 de 113 municipios y amagaban con coronar su rebelión tomando la capital michoacana.
Eso y otros factores, como el que en el país comenzaban a escasear los productos que Michoacán abastece en el mercado nacional –debido también al problema de inseguridad que padecía la entidad-, provocaron la intervención del Gobierno federal.
El Presidente Enrique Peña Nieto ordenó la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral y nombró al frente a Alfredo Castillo Cervantes, en lo que se consideró una desaparición de facto de los poderes en Michoacán por las facultades que el comisionado ejerció durante el siguiente año en todos los ámbitos.
En medio de esa convulsa, Michoacán tuvo cuatro gobernadores en un periodo de 3 años con siete meses: Fausto Vallejo Figueroa pidió licencia por seis meses por problemas de salud y su lugar quedó Jesús Reyna García. Después regresó Vallejo, pero faltando poco más de un año pidió licencia definitiva y se nombró a Salvador Jara como Gobernador sustituto.
En 2015, los michoacanos tuvieron cita en las urnas y eligieron Gobernador al perredista Silvano Aureoles Conejo, por el periodo 2015-2021.
A la mitad del sexenio, el gobierno silvanista puede presumir también de haber escalado en los indicadores de delitos de alto impacto. De ocupar los primeros sitios en secuestro y extorsión, por ejemplo, hoy dichos delitos han disminuido 78 y 90 por ciento, respectivamente. En el índice de delitos de alto impacto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública sitúa a Michoacán en el lugar 21, donde el primero es el que más delitos registra, y el 32 el que menos incidencia presenta.
Por ello, no es coincidencia que WJP ubique a Michoacán lejos de las entidades con un Estado de derecho débil o quebrantado.
Su estudio, el cual ha sido reproducido por diversos medios nacionales, se basó en ocho indicadores básicos: límites de poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La metodología consistió en la aplicación de encuestas a 25 mil 600 personas en general y mil 500 especialistas en zonas rurales y urbanas de los 32 estados.
Michoacán, que hoy transita además con un solo cuerpo de seguridad denominado Policía Michoacán y cuyo gobierno ha invertido más de 7 mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento de sus corporaciones, ya no figura en ese mapa crítico.
MAPA CRITICO
CON DÉBIL ESTADO DE DERECHO
Guerrero
Baja California Sur
Estado de México
Sonora
Puebla
Quintana Roo
Morelos
Ciudad de México
LOS MÁS CORRUPTOS
Guerrero
Baja California
Veracruz
Coahuila
Estado de México
LOS MÁS INSEGUROS
Nuevo León
Campeche
Aguascalientes
Baja California
Hidalgo
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