Aureoles decidió regresar a la federación ese “Barril Sin Fondo”; no hay dinero que alcance para pagar bonos y sobresueldos.
Silvano Aureoles Conejo, tomó el reto más importante de su gubernatura: terminar con el llamado convenio de colaboración por la educación y regresar la rectoría del sector educativo al gobierno federal. No se trata de ver si la Federación quiere hacerse cargo de los pagos a profesores y trabajadores administrativos, es una obligación que le corresponderá a la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La decisión tiene varias aristas. Una de ellas, la reacciones de la CNTE y los dirigentes de Morena, afines o parte de la misma disidencia magisterial. Otra, la eventual tensión política entre los niveles de gobierno involucrados en el tema.
Para nadie es un secreto que el sector educativo es un “Barril sin Fondo”. Las minutas firmadas por las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel abrieron un gran boquete financiero. Para cubrir ese agujero económico tanto Lázaro como Leonel contrataron deuda. Hoy se deben a bancos y acreedores cerca de 30 mil millones de pesos.
Aureoles decidió regresar a la federación ese “Barril Sin Fondo”; no hay dinero que alcance para pagar bonos y sobresueldos a los trabajadores de la Educación; tan solo en los últimos tres años se erogaron aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos sólo para el pago de compensaciones a profesores y trabajadores administrativos.
La decisión del gobernador tiene, además, un sentido político, porque se adelantó a la intención de un sector magisterial enquistado en Morena, que pretendía gestionar ante la Presidencia de la República el regreso del sector educativo al gobierno federal y luego linchar a la administración estatal por “incompetente”. ¡Les ganó la jugada, pues!.
Pero no solo eso: también deja la puerta abierta para hacer lo mismo en el sector salud, donde la administración de Leonel Godoy contrató 3 mil 500 trabajadores.
Y ante el madruguete del gobernador Aureoles, a los de Morena le alcanzó sólo para reaccionar y advertir que harán auditorías a la Secretaría de Educación. Roberto Pantoja Arzola, el futuro “súper delegado”, corre el grave riesgo de que los auditores lo ubiquen como “aviador” en algún momento de su paso por la SEE, con el inminente riesgo de ser sancionado por los 80 mil pesos obtenidos sin ir a trabajar.
Aureoles, con esta decisión se juega mucho. Pero no le quedaba de otra. Y ante el dominio avasallador de Morena en el Congreso de la Unión, habrá pocos contrapesos al nuevo gobierno. El Poder Judicial y algunos gobernadores tienen la oportunidad de ser la oposición real al presidente Andrés Manuel López Obrador.