Demanda Jaime Liera jucio político contra Juez Federal
Autor: Miguel García Tinoco
Autor multimedia: Especial
Jaime Liera Álvarez, quien durante el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel se desempeñó como subprocurador regional de Apatzingán y coordinador de la Policía Ministerial, presentó ante la Cámara de Diputados, una “Denuncia de Juicio Político” contra un juez federal. Jaime Liera, entregó por escrito la demanda y alega graves violaciones a sus derechos humanos, por haberle dictado auto de formal prisión sin existir prueba alguna.
A Liera Álvarez, la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía, al final de la administración de Enrique Peña Nieto, después de casi diez años, le reconocieron calidad de víctima siguiendo la recomendación número 72/2009 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no fue acatada en su momento como dice el documento entregado en pasado 1 de abril en la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Quien actualmente funge como juez penal en Morelia, asegura en su escrito, haber sido detenido sin orden de aprehensión durante el operativo federal mejor conocido como “Michoacanazo”, cuando el gobierno federal encabezado entonces por Felipe Calderón Hinojosa, detuvo, junto a él, a otros 26 funcionarios estatales acusados de colaborar con el crimen organizado.
Según el abogado con más de 30 años de servicio en tareas de administración y procuración de justicia, Carlos Alberto Elorza Amores, Juez Segundo de Distrito especializado en materia de delincuencia organizada, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, actualmente en funciones como Juez de Distrito en materia mercantil federal en el estado de Veracruz, le dictó auto de formal prisión a pesar de no existir pruebas en su contra y sabedor de esa circunstancia, pues el abogado se lo había hecho saber oportunamente.
Considera Jaime Liera, que el juzgador dictó esa resolución de manera tan temeraria porque recibió “línea” proveniente del Poder Ejecutivo Federal ya que el caso tenía trasfondo político, que en su caso particular le hicieron una imputación “existente solo en el imaginario del Representante social”, y agrega, “de manera temeraria, confiados en la impunidad no les interesó fabricar pruebas para adjuntarlas, o tal vez se les olvidó fabricarlas”.
Señala también Jaime Liera, “lo grave es que, el ejercicio de la acción penal se cimentó en el puro dicho del agente del ministerio público, ya que, temerariamente no fabricó ninguna prueba para fundarlo, y así, primero se dictó una orden de aprehensión en mi contra”, cabe señalar, que de acuerdo con lo expuesto en la denuncia, la orden de aprehensión se dictó estando él arraigado por el señalamiento de ser narcotraficante. Posteriormente, cuando fue puesto a disposición del Juez, le fincaron probable responsabilidad en el hecho (delincuencia organizada) con una imputación distinta sin prueba alguna, y dice, “tan fuerte fue la línea que recibió que no le importó
declararme formalmente preso”.
“De no dar el trámite que culminé en una resolución de fondo favorable, se me estará violando mi derecho humano de acceso a la justicia en su vertiente del derecho a la verdad, reconocido ampliamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda vez, que como víctima tengo derecho a que se esclarezca que la incriminación que se me hizo fue falsa e infundada y el proceso manipulado políticamente. De lo contrario, se continuará la creencia de que solo hubo pruebas insuficientes, pues el denunciado no solo debió haberme decretado libertad, sino que debió haber ordenado dar vista al titular de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, para que sometiera a sus subordinados a un procedimiento de responsabilidades”, asegura Jaime Liera en el texto.
En el escrito de 17 cuartillas, Jaime Liera Álvarez, reclama violaciones al Debido Proceso, ya que nunca se cumplieron los principios de presunción de inocencia, legalidad, imparcialidad y seguridad jurídica. Estuvo preso 7 meses y logró su libertad al apelar el auto de formal de prisión y un magistrado resolvió favorablemente para él y otros 9 imputados; después, todos salieron libres de cargos.
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